Gobierno chileno acepta eximir a más personas del pago de impuestos por el segundo retiro del 10 % del fondo de pensiones

El Gobierno de Chile accedió a eximir de impuestos a más personas que se beneficiarán del segundo retiro del 10 % de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), cuestión que se debate en el Congreso.

El proyecto que presentó el Ejecutivo al Parlamento para este nuevo retiro de un porcentaje de las pensiones —ya se hizo uno en julio—, se rige bajo las normas habituales de tributación, por lo que, en esta oportunidad, constituiría renta y, por lo tanto, el pago de impuestos por parte de los beneficiarios.

En la propuesta inicial se estableció que las únicas personas exentas serán aquellas que ganaran menos de 700.000 pesos mensuales (925 dólares). Sin embargo, este miércoles, ese monto se amplió.

Pese a la renuencias iniciales, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, confirmó que el Ejecutivo aceptó que sean eximidos también los beneficiarios que tengan un ingreso anual de 17.864.280 pesos (23.629 dólares) o, aproximadamente, 1.500.000 (1.984 dólares) al mes.

Según el funcionario, al hacer esta excepción, «9 de cada 10 chilenos y chilenos van a estar exentos de impuestos» al realizar el segundo retiro del 10 % de los fondos de AFP.

«Nosotros tenemos un acuerdo en esta materia, les hemos dicho que ese es el máximo de referencia y llegó la hora de votarlo. Ha habido una apertura al diálogo», dijo Briones, citado por Tele13.

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La iniciativa del Ejecutivo establece, además, que el retiro no exceda de 150 Unidades de Fomento (UF), alrededor de 4.000.000 de pesos (5.291 dólares); ni sea inferior a 35 UF, que equivaldría a un millón de pesos (unos 1.322 dólares).

La otra propuesta

Este segundo debate del retiro de un porcentaje del fondo de pensiones generó fuertes protestas la semana pasada, luego que el Ejecutivo se opusiera a la propuesta presentada por parlamentarios e, incluso, presentara un recurso ante el Tribunal Constitucional para declarar la iniciativa como ‘violatoria’ de la Carta Magna.

La diferencia con el proyecto del Gobierno es que la iniciativa parlamentaria plantea una reforma constitucional, que establece y regula un mecanismo excepcional del retiro de fondos previsionales. Además, no incluye el pago de impuestos por parte de los beneficiarios.

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