Fiscalía reformalizó investigación por fraude al fisco con motivo del aluvión del año 2017

La Fiscalía de Atacama reformalizó la investigación que dirige con motivo de delitos de
carácter económicos a partir de la causa denominada “Tres Montes”, surgida luego del
aluvión del año 2017 en la comuna de Tierra Amarilla y un contrato adjudicado bajo
acciones que, de acuerdo a la indagatoria, resultarían irregulares.
Según lo argumentado por el fiscal a cargo de este caso, Luis Miranda Flores, luego que
se decretara zona de catástrofe en la mencionada comuna, el alcalde de la época junto
al administrador municipal y la secretaria municipal, intermediaron el proceso de
limpieza y sanitización de casas afectadas por el evento climático en la comuna
mediante un proyecto fraudulento. En la audiencia el fiscal indicó que los imputados, una
vez que dicho proyecto fue adjudicado a la empresa Tres Montes, sin aprobación del
Concejo Municipal ni exigencia de boletas de garantía, aumentaron y sobrevaloraron de
forma indebida su valor en favor de terceros, generando con ello un grave perjuicio
económico a la municipalidad.
De esta manera, el monto por vivienda afectada que en un inicio fue proyectado en
$200.000, fue aumentado en cuatro oportunidades quedando finalmente fijado en
$920.625 pesos por cada casa dañada. Con ello, el valor del contrato se elevó por sobre
los $940 millones de pesos todo lo cual significó un sobreprecio equivalente al 56,13%
en cuanto aumentos injustificados según se determinó en un informe pericial contable
que realizó personal especializado de la PDI.
Además de ello, la investigación de la Fiscalía determinó que los imputados, una vez
que el contrato estuvo en desarrollo, incurrieron en conductas destinadas a impedir el
adecuado control y fiscalización de la correcta ejecución del contrato por parte de la
Unidad Técnica que era la propia municipalidad. Llegando incluso a cambiar a la
persona encargada de inspeccionar la ejecución de las obras, contratando a un
funcionario que no contaba con las competencias técnicas para cumplir con esta labor y
a quien se le ordenó validar y autorizar estados de pago sin haber realizado ninguna
fiscalización, persona que actualmente también está imputado por estos hechos. Esto
derivó en que de acuerdo a la investigación realizada del primer estado de pago, de los
109 casos analizados en sólo 20 viviendas se acreditó la recepción de ayuda social
quedando 89 casas afectadas sin recibir beneficios por parte del municipio ni la empresa
involucrada.
Frente a estos actos el fiscal Luis Miranda reformalizó la causa por los delitos de
falsificación ideológica de instrumento público respecto del administrador municipal y el
funcionario que validó los trabajos no realizados; además del ilícito de fraude al fisco a la
municipalidad de Tierra Amarilla cabiéndole actuación consumada al alcalde en ejercicio
el año 2017, administrador municipal, secretaria municipal, tres funcionarios del
municipio y del dueño de la empresa involucrada.

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